Celebramos 209 años de la Independencia de México, la cual viene siendo la edad de nuestro amado país. Y al igual que las personas, cada año debe reflejar un grado de madurez que le permita ser mejor. En el caso de un país, la madurez se reflejaría en aspectos como: nivel de pobreza o distribución del ingreso, grados de educación, ingreso per cápita, desarrollo social y cultural, calidad de las leyes y sobre todo la procuración de justicia y el estado de derecho. ¿Realmente reflejamos lo adecuado a nuestros 209 años como país, como República?

En las últimas semanas han circulado 2 noticias que han impactado en el mundo empresarial y que están estrechamente relacionadas con el desarrollo económico del país.

La primera es la referente a que la defraudación fiscal se tipifique como delincuencia organizada. En términos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se establece que comete defraudación fiscal “quién con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”. Al interpretar las palabras “engaños” y “uso de errores” denota que debe existir claramente un dolo, una intención y que esta debe demostrarse. Poniendo más contexto a este punto: en el último sexenio abundaron las empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), en un dato indicado por la Dra. Margarita Rios -Farjat creció 21 veces, un número terrorífico.

Aunado a esto, esta la modificación a leyes como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, donde en su conjunto pretenden imponer sanción de prisión preventiva de oficio.

Se percibe y se aplaude la intención de realmente perseguir los delitos de defraudación que no ayudan al desarrollo del país. El temor es en la interpretación a la aplicación de estas sanciones, a que no este claro en su actividad práctica, porque puede generar consecuencias irreparables para los contribuyentes, empresarios, familias y fuentes de empleo que por alguna omisión o error involuntario hayan caído en algún supuesto. Y que de aquí desprenda el temor a invertir.

Por tanto, todo empresario y contribuyente debe estar bien asesorado, sus acciones no deben ser ni presumibles como criminales. ¡AH! Pero aquí viene la segunda noticia.

En la propuesta de “reforma fiscal 2020” se incluye un apartado que exige a que los Asesores Fiscales se inscriban a un padrón y que reporten en que consisten las asesorías que den a sus clientes, sintetizando la idea de esta propuesta. Quien no lo haga, se someterá a sanciones millonarias, por decir lo menos.

Es importante retomar que el fin de toda asesoría empresarial es lograr que la empresa maximice eficiencias, sea generadora de crecimiento y beneficios para todos los involucrados: accionistas, empleados, clientes y también gobierno en el pago de impuestos. Los asesores no son enemigos del desarrollo social, son actores del mismo. Son profesionales que estudian, analizan, buscan saber más para hacer más continuamente (esta escueta definición aplica para cualquier tipo de asesor, no solo el fiscal).

De esto se correrá mucha tinta e irá tomando su rumbo, deseamos sea el correcto. Porque la inversión y la asesoría van de la mano, juntos contribuyen al desarrollo del país.

Para leer el siguiente artículo y más directo en la web del Financiero, haz click en el siguiente enlace: 

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/antonio-rodriguez-invertir-y-asesorar-en-mexico-actividades-de-alto-riesgo

C.P.C Antonio Rodríguez
MBA/MEF Director de Hobetus
VP RELACIÓN Y DIFUSIÓN ICPNL

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